Pornografía Infantil y violaciones. Pacto PP-PNV para silenciar el mayor escándalo que salpica a jueces, banqueros, políticos y empresarios…

La Tribuna de Cartagena es, hasta el momento, el único diario en hacerse eco de un escándalo de insospechadas consecuencias. ¿Por qué silencian los hechos los grandes medios de comunicación? ¿Existe un pacto secreto PP-PNV para echar tierra sobre el asunto? ¿Quiénes son esos jueces, políticos, banqueros y empresarios que aparecen en las grabaciones?

No es que La Tribuna de Cartagena se apunte a cualquier teoría conspiratoria: es que, detrás de esta acusación, se muestra un abogado y fotógrafo personal, con su nombre y apellido, con su número de colegiado y como acusación particular de 8 de las presuntas víctimas del fotógrafo Kote Cabezudo, investigado después de que nueve denunciantes lo acusaran nada menos que de estafa, injurias, revelación de secretos, abusos sexuales, pornografía infantil, corrupción de menores y violación, en la que aparecerían involucrados jueces, políticos, banqueros y muy importates empresarios españoles. Todos los ingredientes de una novela negra (como ocurre en el caso Botín que, sobre el supuesto asesinato del expresidente del Banco de Santander desveló en primicia informativa La Tribuna de Cartagena) y que, lo mismo que viene sucediendo con las informaciones que hemos revelado sobre la muerte del patrón de la banca española, está siendo completamente silenciado por los grandes medios de comunicación.

 

Y en La Tribuna de CARTAGENA asumimos cuantos riesgos sean necesarios para desempeñar una tarea para nostros sagrada: el periodismo.  El periodismo significa la denuncia de los hechos que alguien quiere que no sean conocidos por la opinión pública y, en la línea editorial y en el ADN de La Tribuna llevamos grabado a fuego la lucha por la verdad y la justicia y el compromiso con las víctimas de los poderosos.

 

Y es que podríamos encontrarnos ante uno de los mayores ecándalos de pederastia y abusos sexuales, con conexiones judiciales, políticas y financieras de la España moderna.

 

Intentaremos hacerles una  breve resumen de cuáles son los hechos.

 

La causa, instruida en el juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastian, resulta incomprensiblemente relentizada por su titular, la juez Ana Isabel Pérez Asejo, una magistrado cuya actuación al respecto ya le ha hecho acreedora de tres querellas por prevaricación.

 

La magistrado Ana Isabel Pérez Asejo (repetimos) de manera difícilmente sostenible, incumple con el artículo 189-8 del Código Penal que permite el secuestro de la web y la inmediata paralización de las emisiones de los vídeos que, al precio de 14 euros, cualquiera puede visionar a través de internet, unos vídeos que muestran aberrantes abusos sexuales ¡y hasta una violación a niñas menores de edad!

 

Dos años y medio llevan las víctimas clamando para que las imágenes sean retiradas de internet; pero la justicia mira hacia otro lado.

 

Mario Díaz Fernández, fotógrafo también y abogado asturiano que representa la acusación de ocho de las nueve víctimas, se ha visto obligado a grabar un vídeo (que les ofrecemos íntegramente) en el que relata como el propio Fiscal Provincial de Guipúzcoa tiene en su poder un listado con los nombres y apellidos de jueces, políticos de TODOS los partidos, banqueros e importantes empresarios españoles que habrían participado en estas orgías con menores en las que, incluso, se practicaron violaciones.

 

El letrado ha enviado toda la documentación al Fiscal General del Estado, al ministro de Justicia y al mismísimo Mariano Rajoy sin que, hasta el momento, haya obtenido respuesta alguna.

 

También se hace eco el letrado de un supuesto pacto secreto entre PP y PNV para echar tierra sobre el asunto por la posible involucración en los hechos de muy importantes dirigentes de ambas formacionespolíticas.

 

En la grabación adjunta, Mario Díaz Fernández acusa directamente a periodistas mujeres que enarbolan la bandera del feminismo y que tienen perfecto conocimiento de lo sucedido e, incluso, han visionado las aberrantes grabaciones sin que se haya producido denuncia alguna en sus programas ni en sus medios de comunicación. Y con nombre y apellidos denuncia a las periodistas Susana Griso de Antena 3, Ana Rosa Quintana de Tele 5, Ana Pastor de La Sexta y Julia Otero de Onda Cero.

 

Una «mano negra» detrás de las decisiones judiciales de la magistrado Ana Isabel Pérez Asejo

 

También manifiesta que son conocedores de los hechos y que los silencian deliberadamente los directores de El País, El Mundo, La Razón, ABC o Pedro J. Ramírez de El Español.

Y el director de informativos de TVE, o los comunicadores Federico Jiménez Losantos o Carlos Alsina entre otros.

 

Solamente el periodista Melcho Miralles, de su web Sinfiltros se ha adentrado con valentía en este caso que tiiene todos los visos de obedecer a una mano negra que detiene o relentiza la instrucción sumarial. Así las cosas, el reportero de Sinfiltros Paco Ballesta publicaba, el pasado 12 de enero, un artículo denunciando este escándalo en el que entrevistaba a otro de los abogados de las víctimas, Antonio Massé quien afirmaba: «Las decisiones de la juez Ana Isabel Pérez Asenjo están condicionadas por una posible Mano Negra que estaría moviendo en la sombra los hilos del proceso«. El letrado donostiarra considera que «la credibilidad de la magistrado está en entredicho después de una instrucción que se ha prolongado durante un lustro y que no arroja ningún detenido«.

 

¿Por qué se produce este silencio? ¿Existe en realidad ese pacto secreto PP-PNV para echar tierra sobre el asunto? ¿Quiénes son esos jueces,políticos, banqueros y empresarios que aparecen en las grabaciones?

 

Desde La Tribuna de Cartagena, desde la humildad de nuestras posibilidades, ofrecemos el periódico al abogado de las víctimas para que denuncie cuanto estime por conveniente. Y ya le advertimos que, pese al silencio que por intereses bastardos a veces se impone en todos los medios de comunicación, las redes sociales pueden obrar milagros. Ahí está el ejemplo de nuestra denuncia sobre el posible asesinato de Botín. Ni una sola referencia en grandes medios de comunicación y casi cinco millones de personas perfectamente informadas gracias a las redes sociales.